Gana México batalla a Vulcan e indemnizará a minera con 15 mdd, menos del 1% de la reclamación
*Tras conocer el fallo del arbitraje internacional, la firma estadounidense calificó como “insignificante” el monto de la compensación
Lino Calderón
Tras una larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano.
El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018.
En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.
Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo.
“Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo.
La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.
El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.
Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron.
El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza.
Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.
Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada.
En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.
Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.
*Tras conocer el fallo del arbitraje internacional, la firma estadounidense calificó como “insignificante” el monto de la compensación
Lino Calderón
Tras una larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano.
El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018.
En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.
Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo.
“Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo.
La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.
El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.
Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron.
El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza.
Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.
Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada.
En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.
Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.
