Debate y salud/ Jacinto Herrera León/La juventud que México deja morir
Me preguntaron recientemente en el consultorio sobre el incremento de muertes en jóvenes, y que si existen estadísticas que proporcionalmente muestren que no están alcanzando en porcentaje las de adultos mayores. Me pareció válido e interesante el planteamiento.
Cada muerte joven cuestiona nuestra capacidad de cuidar la vida. La indignación exige precisión. ¿Se mueren proporcionalmente más jóvenes que adultos mayores? No. En 2025, las personas de 65 años y más concentraron 58.7% de las defunciones registradas. No hay base para afirmar que la mortalidad juvenil superó a la de la vejez en la última década. Repetirlo sería convertir el dolor en desinformación.
La pregunta es otra: ¿por qué aceptamos tantas muertes prematuras? El INEGI muestra un deterioro concreto: la tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 en 2015 a 6.7 por cada 100 mil habitantes en 2025, donde el grupo de 15 a 29 años tuvo la tasa más alta y acumuló 3,318. Cada cifra tiene un nombre.
Si ampliamos el mapa del daño. En 2025, entre los 15 y 24 años, las primeras causas de defunción fueron accidentes, homicidios y suicidios. Entre los 25 y 34 encabezaron los homicidios, seguidos por accidentes y tumores malignos. Estamos hablando del futuro de México y de nuestro Estado. Los hombres cargan más muertes violentas y autoinfligidas: casi ocho de cada diez. Las cifras frías nos obligan a realizar un autoanálisis. Los magros descensos marginales no devuelven vidas ni borran el problema.
¿Qué ha fallado? Ha fallado el Estado cuando confunde anuncios con protección efectiva, abandona carreteras peligrosas, tolera la violencia o deja sin atención oportuna a quien pide ayuda psicológica. Ha fallado una sociedad que exige silencio, normaliza conducir intoxicado, convierte el sufrimiento en motivo de burla y mira hacia otro lado ante el reclutamiento y la explotación de los jóvenes. Y podemos fallar en la familia cuando no escuchamos, minimizamos una señal de alarma o creemos que el afecto sustituye la atención profesional. Reconocerlo no significa culpar a los padres por cada muerte: nadie controla en solitario la violencia, una enfermedad o una crisis suicida.
También mueren jóvenes por cáncer y por enfermedades cardíacas o hepáticas. Necesitan consultas accesibles, diagnóstico temprano y tratamiento sostenido, no una orden de “cuidarse” mientras la cita se pospone y faltan estudios. El cuerpo llega a la urgencia con una historia de trabajo, alimentación, sueño, miedo y oportunidades desiguales. Ninguna campaña sustituye una clínica accesible o una comunidad segura.
La respuesta debe poder medirse: tasas de muerte por edad, sexo, causa y municipio; vías seguras y vigilancia del alcohol al volante; prevención de la violencia; salud mental cercana, confidencial y continua; escuelas que detecten señales de riesgo; y atención primaria que no deje avanzar la enfermedad hasta que sea irreversible. La familia debe abrir conversaciones sin juicio y acompañar a buscar ayuda. El Estado debe garantizarla. La sociedad debe dejar de premiar la indiferencia.
No necesitamos fabricar una falsa competencia entre jóvenes y mayores. Los adultos mayores merecen cuidado digno; la juventud merece la oportunidad de llegar a serlo. Si sabemos que muchas de sus muertes ocurren en una carretera, por un arma, en medio del sufrimiento o tras un diagnóstico tardío, entonces la pregunta no es qué está pasando. La pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos que prevenir sea una promesa y enterrar sea la respuesta.
Me preguntaron recientemente en el consultorio sobre el incremento de muertes en jóvenes, y que si existen estadísticas que proporcionalmente muestren que no están alcanzando en porcentaje las de adultos mayores. Me pareció válido e interesante el planteamiento.
Cada muerte joven cuestiona nuestra capacidad de cuidar la vida. La indignación exige precisión. ¿Se mueren proporcionalmente más jóvenes que adultos mayores? No. En 2025, las personas de 65 años y más concentraron 58.7% de las defunciones registradas. No hay base para afirmar que la mortalidad juvenil superó a la de la vejez en la última década. Repetirlo sería convertir el dolor en desinformación.
La pregunta es otra: ¿por qué aceptamos tantas muertes prematuras? El INEGI muestra un deterioro concreto: la tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 en 2015 a 6.7 por cada 100 mil habitantes en 2025, donde el grupo de 15 a 29 años tuvo la tasa más alta y acumuló 3,318. Cada cifra tiene un nombre.
Si ampliamos el mapa del daño. En 2025, entre los 15 y 24 años, las primeras causas de defunción fueron accidentes, homicidios y suicidios. Entre los 25 y 34 encabezaron los homicidios, seguidos por accidentes y tumores malignos. Estamos hablando del futuro de México y de nuestro Estado. Los hombres cargan más muertes violentas y autoinfligidas: casi ocho de cada diez. Las cifras frías nos obligan a realizar un autoanálisis. Los magros descensos marginales no devuelven vidas ni borran el problema.
¿Qué ha fallado? Ha fallado el Estado cuando confunde anuncios con protección efectiva, abandona carreteras peligrosas, tolera la violencia o deja sin atención oportuna a quien pide ayuda psicológica. Ha fallado una sociedad que exige silencio, normaliza conducir intoxicado, convierte el sufrimiento en motivo de burla y mira hacia otro lado ante el reclutamiento y la explotación de los jóvenes. Y podemos fallar en la familia cuando no escuchamos, minimizamos una señal de alarma o creemos que el afecto sustituye la atención profesional. Reconocerlo no significa culpar a los padres por cada muerte: nadie controla en solitario la violencia, una enfermedad o una crisis suicida.
También mueren jóvenes por cáncer y por enfermedades cardíacas o hepáticas. Necesitan consultas accesibles, diagnóstico temprano y tratamiento sostenido, no una orden de “cuidarse” mientras la cita se pospone y faltan estudios. El cuerpo llega a la urgencia con una historia de trabajo, alimentación, sueño, miedo y oportunidades desiguales. Ninguna campaña sustituye una clínica accesible o una comunidad segura.
La respuesta debe poder medirse: tasas de muerte por edad, sexo, causa y municipio; vías seguras y vigilancia del alcohol al volante; prevención de la violencia; salud mental cercana, confidencial y continua; escuelas que detecten señales de riesgo; y atención primaria que no deje avanzar la enfermedad hasta que sea irreversible. La familia debe abrir conversaciones sin juicio y acompañar a buscar ayuda. El Estado debe garantizarla. La sociedad debe dejar de premiar la indiferencia.
No necesitamos fabricar una falsa competencia entre jóvenes y mayores. Los adultos mayores merecen cuidado digno; la juventud merece la oportunidad de llegar a serlo. Si sabemos que muchas de sus muertes ocurren en una carretera, por un arma, en medio del sufrimiento o tras un diagnóstico tardío, entonces la pregunta no es qué está pasando. La pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos que prevenir sea una promesa y enterrar sea la respuesta.
